sábado, mayo 27, 2006
ATISBOS ANALÍTICOS No. 66
Colombia: ¿Elecciones democráticas ó privatización
armada de la política electoral?
Por Víctor Mario Estrada Ospina,* viestrad@univalle.edu.co,
Colombia ha iniciado el año 2006, en medio de una agitada campaña electoral orientada a garantizar la elección de nuevos miembros al parlamento, así como también, a la realización de la primera vuelta presidencial que se llevará a cabo el 28 de mayo próximo. En un ambiente de exaltación que tuvo como antecedente la larga deliberación de la Corte Constitucional sobre la propuesta de la reelección presidencial, los seguidores del presidente Uribe, recurrieron antes de que dicho fallo se produjera, a utilizar todo tipo de recursos utilizando de manera indebida los medios de comunicación privados, no sólo para presionar a la Corte sino también al mismo tiempo a los potenciales electores, con la idea por cierto mesiánica que ha caracterizado a este gobierno: ¿sino es Uribe!? ¿Entonces quién? ¡Tendrá que ser Uribe por todos los medios!
Producido el histórico fallo de lesa juridicidad en que incurrió la Corte Constitucional al aprobar la reelección de Alvaro Uribe Vélez, también entró en colisión con el Congreso al colegislar de hecho de manera indebida en la llamada ley de garantías electorales. Producida la trascendental decisión está terminó por dejar completamente tranquilos y satisfechos a los seguidores uribistas, que en los días anteriores en medio de la incertidumbre por el fallo, habían llevado a cabo todo tipo de desafiantes e indebidas presiones. En esas condiciones las elecciones del 12 de marzo, estuvieron mediadas por el hecho político de la reelección y por la personalización de la política en torno a la figura de Alvaro Uribe Velez; en los últimos quince días el candidato-presidente, violando la ley de garantías electorales, mediante un bombardeo televisivo - sin precedentes en la historia reciente del país- a través de los medios privados de comunicación, tomó partido por los distintos candidatos de las agrupaciones que lo apoyan, jugando un importante papel en la elección del nuevo parlamento.
La actual campaña electoral se diferencia a todas luces de la anterior contienda electoral realizada hace cuatro años, ya que son muchos los elementos del contexto interno y externo que han variado considerablemente. Sin embargo, es de resaltar que todos los colombianos asistieron en la pasada campaña casi que sorprendidos, al inicio de una nueva manera de hacer política a través de los medios privados de comunicación; el entonces precandidato Alvaro Uribe Vélez, con un bajo índice de popularidad en la encuestas disparó sus baterías en contra de los llamados “diálogos de negociación del Caguán”, logrando cohesionar y agrupar no sólo a las élites de la aristocracia en el poder, sino también a las empresas electorales enquistadas en los dos llamados “partidos históricos”.
De esta manera logró transformar rápidamente los diez millones de votos del “mandato por la paz” entregado a Pastrana, por un importante sector de la población colombiana; esta realidad fue rápidamente transformada en un apoyo mayoritario a favor de una bien calculada estrategia de seguridad democrática y por supuesto a favor de la guerra, con su muy conocido eslogan: “mano firme corazón grande”. Hay que reconocer que su carrera fue meteórica y en muy corto tiempo ayudado principalmente por el papel de los medios de comunicación privados y de las encuestas virtualmente manipuladas y en un contexto de aguda crisis del mal llamado “proceso de negociación del Cagúan”, finalmente, se impuso de manera contundente en la primera vuelta presidencial, contribuyendo con este nuevo hecho político a agudizar la crisis que venía padeciendo el bipartidismo tradicional en Colombia.
Esta fue talvez, la primera lección ejemplarizante que la política en Colombia había sido sustraída hábilmente del ámbito público, si en algún momento lo ha sido, para sustituirla por una nueva estrategia electoral y publicitaria que la reduce al espacio privatizado de hacer política. En esas condiciones y siguiendo la tendencia inaugurada en la pasada campaña, la actual contienda electoral se ha caracterizado por el influyente papel de los medios privados de comunicación, los cuales han orientado sus esfuerzos a crear la opinión virtual a favor de la reelección del presidente Uribe y la elección de sus seguidores ahora agrupados en varias pequeños grupos ó mejor facciones.
Por esa razón, esos mismos medios que durante todo su mandato continuaron publicando de manera sistemática manipuladas encuestas orientadas a mantener un elevado apoyo a la gestión presidencial, la cual se mantuvo invariablemente a lo largo del cuatrenio con un apoyo de más del 70%; ahora, resulta sorprendente por decir lo menos, que contando el presidente con un supuesto gran apoyo a su gestión, resulte de un momento a otro rajado por las propias encuestas. La reciente encuesta realizada y publicada por la Universidad de los Andes- Indepaz (enero de 2006), muestra paradójicamente que el gobierno de Uribe ha sido un gobierno pobre en materia de realizaciones; los resultados evidencian que el gobierno es rajado en los siguientes temas: esfuerzos por combatir la pobreza; estrategia contra el desempleo, rechazo de la politiquería; protección y promoción de los principios democráticos; lucha contra la corrupción; sanciones a los culpables por violar los derechos humanos; esfuerzos por lograr un acuerdo humanitario; labor para proteger los derechos humanos; preocupación por aplicar la constitución; finalmente, sólo aprueban con un tres raspado en los siguientes temas: acuerdos hacía la paz; políticas de seguridad y lucha contra el narcotráfico.
Desde el punto de vista de la lógica del análisis político no es posible explicar éste desfase entre las limitadas realizaciones del gobierno y la imagen de favorabilidad del presidente. Lo lógico sería sí se raja al gobierno en materia de gestión, que se castigara al presidente-candidato con un nivel de favorabilidad que guardara relación con los resultados negativos, pero esto no ocurre de una manera clara. ¿Cómo explicar éste desfase? La posible explicación no se puede dar desde el ámbito de la política, sino desde el ámbito de la comunicación, porque el presidente Uribe ha hecho del acto de gobernar una emoción televisada, logrando penetrar simbólicamente en lo más íntimo de la subjetividad de los ciudadanos y ciudadanas de un importante sector de la población colombiana, la cual lo ve y lo siente ideológicamente como una especie de mesias- redentor, y ésta realidad virtual, ha sido utilizada hábilmente desde el punto de vista ideológico por el candidato- presidente y todos sus seguidores.
Sin embargo, todos esos mismos medios privados con sus ideólogos y columnistas oficiales de turno, callaron cuando la encuesta de El Tiempo mostraba que mientras en diciembre de 2005, la intención de voto por el presidente Uribe era del 65.2%; descendió significativamente en febrero del 2006, en la intención de voto al 48.6%, dicha encuesta fue publicada en marzo 5 de 2006. Ahora que ha comenzado a desplomarse en las encuestas todos esos mismos medios callan y guardan prudente silencio, seguramente continuarán haciéndolo mediante la publicación de encuestas calculadas, ésta es la mejor evidencia que están en juego múltiples estrategias electorales y complejos cálculos políticos y estrategias publicitarias; sí bien la encuesta en el análisis político electoral constituye un instrumento que puede mostrar una tendencia con un margen de error posible, sí ésta es bien realizada con todos los requerimientos metodológicos y técnicos, también es cierto, que mal utilizada en el juego electoral se convierte en un poderoso instrumento ideológico, con el cual se puede mentir estadísticamente hablando, para influenciar y manipular la intención de voto de los potenciales electores. ¡En eso consiste el poder mediático de nuestro tiempo!
La privatización de la política constituye sin lugar a dudas una tendencia mundial, no es entonces, un fenómeno exclusivamente doméstico, la privatización de la política se ha venido construyendo con el establecimiento de un orden mundial globalizado, que termina como es obvio sacralizando el mercado ó mejor que reduce y empobrece la política a la democracia de mercado, descontextualizando y potenciando la pérdida de sentido de la política y de lo político. En esta dimensión como afirma (Ramoneda, 2000), “toda negación de la autonomía al espacio político es la negación de la política, el secuestro de la palabra a través de la cual el sujeto expresa su soberanía”.
Sin embargo, lo más grave en la época contemporánea es y será siempre que la privatización de la política como negación del espacio político, se expresa en que el lenguaje de la política se caracteriza por el uso de un lenguaje eufemista; por esa razón, “el lugar usual de expresión del político son los medios de comunicación mucho más que el parlamento, donde por otra parte el político se expresa siempre pensando en los medios. El lenguaje eufémico se traslada con suma facilidad a la prensa. Las palabras se repiten como gadgets, según las modas ideológicas, sin que nadie se pregunte de verdad sobre lo que quieren decir. La construcción del eufemismo es una tarea conjunta de políticos, ideólogos y periodistas. Pocas veces la prensa hace la tarea crítica de desmenuzar las palabras que componen el diccionario de la correción política. Es parte, Y, por tanto, cómplice de la construcción de éste espacio de la confusión calculada…El referente de toda comunicación ya no es la realidad sino la propia comunicación”. (Ramoneda, 2000, p. 218)
El contexto internacional
Sin duda alguna las elecciones para el parlamento realizadas y la próxima justa electoral a la presidencia de la república, se llevarán a cabo en nuevo contexto, tanto desde el punto de vista interno como en el plano externo. En el plano internacional el gobierno colombiano ha mantenido desde el comienzo una posición de irrestricta adhesión al gobierno norteamericano, lo que le ha permitido no sólo asegurar la financiación del llamado plan Colombia, hoy “plan patriota”, garantizando a su vez una cada vez más creciente presencia de asesores militares norteamericanos en el desarrollo de la guerra que se libra en Colombia. En ese sentido la política del gobierno colombiano no sólo le ha generado agudas confrontaciones con los países fronterizos como ha ocurrido con Venezuela y con Ecuador más recientemente; sino también, con el resto de países de América Latina, como lo fue en el sonado caso del apoyo que prestó a la guerra de Irak, postura en la cual Colombia se quedó prácticamente sola. En este contexto el panorama se volverá cada vez más complejo y el aislamiento que experimentará el país, será cada vez mayor como consecuencia de los procesos de integración que se vienen impulsando a nivel suramericano.
Un nuevo fenómeno se viene produciendo en América Latina al impulsar procesos de integración como el Mercosur y el Alba, que de alguna manera intentan enfrentar al ALCA y los tratados de libre comercio (TLC), que Estados Unidos viene impulsando con algunos países centroamericanos y andinos. Sin embargo, el gobierno colombiano ha preferido cerrar la “negociación” del tratado de libre comercio con los Estados Unidos declarando que lo firmará, defendiendo de manera obstinada la tesis que éste tratado le trae ventajas competitivas a Colombia y que por lo tanto favorece el interés nacional. Es cierto que el tratado favorece la producción de algunos sectores industriales (léase transnacionales), no de todos los sectores; sin embargo, lo mismo no sucederá con los pequeños y medianos industriales y con el sector agrícola el cual será el sector más perjudicado; el balance establecido por algunos gremios agropecuarios es contundente, las concesiones otorgadas por Colombia en el marco del TLC son mayores que las obtenidas por el país. Mientras Colombia otorgó a Estados Unidos entrada libre para 1,2 millones de toneladas de trigo, 2,0 millones de toneladas de maíz, 900.000 toneladas de torta de soya y fríjol soya y 200.000 toneladas de cebada, apenas obtuvo ingreso para 4.000 toneladas de tabaco y para 150.000 toneladas de azúcar; tampoco los cronogramas de desgravación resultan promisorios (El TIEMPO, Marzo 5 de 2006). Seremos pues obligados a reconvertir los producción agrícola y avícola en un país donde el maíz y el fríjol crecen silvestres; en esta materia Estados Unidos impuso finalmente sus condiciones, lo cual es coherente con su política de protección a la producción agrícola. En términos generales el TLC firmado por Colombia está en contra de los intereses nacionales y lesiona nuestra soberanía; en el corto plazo significará un aumento del desempleo, la desigualdad y la pobreza (se perderán 1.800.000 empleos); además, queda amenazada seriamente la salud, la seguridad y la soberanía alimentaria de la población colombiana. Finalmente, la firma de los tratados de libre comercio por el Perú y Colombia, constituye una amenaza para la integración de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), así lo ha hecho manifiesto Venezuela y Bolivia. Por lo tanto es de esperarse que se acrecentaran las tensiones políticas entre los diferentes países, con lo cual resultara erosionada la integración andina y perjudicada seriamente Colombia, ya que Venezuela constituye su segundo socio comercial.
En el campo político las distintas elecciones que se han venido produciendo recientemente en diversos países del área han significado la llegada al gobierno de disímiles fuerzas políticas de inspiración socialdemócrata ó de izquierda, producto de las derrotas que han sufrido las fuerzas políticas que representan posiciones de centro ó extrema derecha, defensoras abiertas y a ultranza del neoliberalismo, tan de moda ahora. Estos nuevos vientos que recorren a América Latina constituye sin lugar a dudas una reacción a la creciente pobreza, exclusión y desigualdad, generada por el modelo neoliberal que se ha venido imponiendo, producto del neocolonialismo que practican la miopes y retardatarias élites Latinoamericanas, las cuales se han dedicado a aplicar las orientaciones y las recetas suministradas por el Fondo Monetario Internacional; recetas que por supuesto no logran descifrar, ni interpretar la compleja realidad Latinoaméricana, por la sencilla razón, que esta es una teoría y una propuesta política pensada para resolver los problemas y dificultades propias de las economías desarrolladas y no de la economías subdesarrolladas del Sur como se les denomina ahora.
Es cierto que nuevos vientos políticos recorren esta diversa América Latina, sin embargo, Colombia continua siendo un país atípico; era de esperarse como efectivamente ocurrió, que las elecciones parlamentarias no traerían un cambio político fundamental en la composición de las fuerzas políticas presentes en el Senado y la Cámara de representantes. El Uribismo ya antes de las elecciones del 12 de marzo tenía una mayoría integrada por 74 senadores, producto de las transaciones burocráticas realizadas por el ejecutivo; además, de las embajadas y cargos diplomáticos entregados a familiares de muchos congresistas a cambio de su adhesión al gobierno. Aunque el presidente Uribe en su primera campaña presidencial prometió luchar contra el clientelismo y la corrupción terminó devorado y atrapado por ellas. Las elecciones realizadas recientemente han confirmado la consolidación de un gobierno de derecha y esa mayoría quedó representada en el próximo Congreso con 61 senadores, la cual puede convertirse en 70, si entran en esa coalición como seguramente ocurrirá los 7 senadores de Convergencia Ciudadana y los 2 senadores de Colombia Viva; la oposición ha quedado reducida a 30 senadores, constituida por el partido Liberal, el Polo Democrático Alternativo y el movimiento MIRA. En la Cámara aunque la diferencia no es tan holgada como en el Senado, de todas maneras, esta nueva composición política le permitirá al gobierno de Uribe si es reelecto contar con una amplia mayoría.
Contexto interno y elecciones en Colombia
Desde el punto de vista interno se debe señalar que desde que se comenzó a impulsar el proceso de apertura de la economía con Cesar Gaviria, los diversos gobiernos no han podido ó no han querido formular un modelo de desarrollo, que permita fomentar y potenciar las actividades económicamente productivas, para enfrentar el fenómeno creciente de desempleo, el cual registra en los últimos años una de las tazas más altas del mundo. El modelo que se ha instaurado en la práctica es un modelo recesivo con ajuste fiscal, del cual ha salido favorecido fundamentalmente el sector financiero; descargando todo el peso de la crisis de la economía sobre los trabajadores, mediante el recorte de las pensiones, desregulación y flexibilización laboral y el impuesto a las pensiones de jubilación, agenciando de esta manera el gobierno en la práctica, una política de redistribución de la pobreza. Ha impuesto además, reformas tributarias que han afectado los ingresos de quienes derivan rentas de trabajo, favoreciendo abiertamente a quienes derivan rentas de capital.
Estas elecciones sin duda alguna se realizan en un nuevo contexto caracterizado por nuevas realidades:
1. La reforma política y la ley de bancadas.
La reforma política apunta fundamentalmente a introducir cambios en el modelo electoral y en la ley de bancadas de los partidos. En cuanto a los principales cambios en el sistema electoral, se introdujo la lista única, el umbral, la cifra repartidora, lista cerrada, lista abierta y voto preferente; de otro lado la llamada ley de bancadas obliga a tener un comportamiento como partido y tiene como novedad el que se debe nombrar un vocero de cada bancada para eliminar las decisiones solitarias de los congresistas sobre lo grandes temas que deben discutirse en el próximo Congreso que se instalará el 20 de julio, las cuales girarán en torno a: el tratado de libre comercio; una reforma tributaria estructural; la reelección de alcaldes y gobernadores; la extradición; la reforma a la justicia; la reforma al estatuto de contratación; los derechos civiles para homosexuales y la ley de tierras. No obstante, la mencionada ley deja la ventana abierta para que los nuevos congresistas por razones éticas ó de interés regional voten a “conciencia” y no tengan un comportamiento político como bancadas; la mencionada ley 974 de 2005, deja finalmente a criterio de los partidos la reglamentación de éste aspecto en sus estatutos.
Aunque realmente es muy temprano, para evaluar los resultados y ante todo los efectos de la reforma política en las pasadas elecciones realizadas el 12 de marzo, lo cual es bastante difícil evaluarlo en el corto plazo. Su verdadero alcance tan sólo se puede examinar en el mediano y largo plazo, sin embargo, en el mismo proceso de escrutinio se armó un gran debate, en el que coincidieron tanto agrupaciones que resultaron derrotadas, como sectores triunfadores en la pasada contienda electoral; se dijo que faltó pedagogía en el manejo del nuevo tarjetón para que los electores lo usaran correctamente, que los electores se confundieron entre el voto en lista cerrada y el voto preferente, esta situación se ilustra tomando como base el elevado número de votos nulos, según estimativos esta cifra podría haber llegado a los tres millones de votos, siendo la alternativa más votada frente a la votación obtenida por los diferentes partidos; además, de un elevado número de votos en blanco y tarjetones sin marcar. El caso particular más llamativo lo constituyó la situación presentada con la circunscripción especial indígena para Senado, ya que las elecciones se tienen que repetir porque los votos en blanco superaron el 50% de los sufragios totales.
Todos estos hechos generaron airadas respuestas de los diferentes candidatos en contra del Concejo nacional electoral, sin embargo, el problema fundamental es analizar sí la finalidad de la reforma política logró al menos algunos de los propósitos que buscaba, veamos la situación: de las sesenta organizaciones que existían con personería jurídica antes de las elecciones, veinte se inscribieron para Senado, 6 con lista cerrada y 14 con voto preferente, de los cuales finalmente quedaron representados 16 “partidos” ó movimientos.
En ese se sentido se podría afirmar que se logró un limitado resultado mirado el asunto desde el punto de vista empírico-cuantitativo, al lograr tan sólo agrupar candidatos para superar el umbral, sin embargo, tan sólo se logró reducir en cuatro el número de “partidos” ó movimientos en el caso del Senado; en la Cámara quedaron finalmente representados diez “partidos” y se registró un caso insólito, 16 representantes a la Cámara quedarían como ruedas sueltas, ya que aunque sacaron suficientes votos para ganar su curul, a sus movimientos no les alcanzó para obtener personería jurídica, pues necesitaban al menos el 2 por ciento de los votos válidos de todos los departamentos.
Sin embargo, el análisis más importante que se debe hacer es de tipo cualitativo, desde esta perspectiva la reforma política se preocupó más por agrupar candidatos para superar el umbral, que por pensar el tipo de partidos y el sistema de partidos que debería tener el régimen político colombiano. “Los partidos no se preguntaron que demanda la sociedad. Solo se limitaron a sumar, a agrupar barones electorales, a convertir sus microempresas electorales, en mega empresas electorales, para pasar el umbral”. (Giraldo, EL TIEMPO, 15 de marzo, 2006).
Sí la reforma política lo que busca es la institucionalización y la consolidación de los partidos y de un sistema multipartidista de partidos- lo que no es nada claro en el espíritu de la reforma política- resulta preocupante por decir lo menos, que esta reforma política no distinga entre movimientos y partidos y permita la inscripción de facciones como “partidos” cuando en sentido estricto realmente no lo son. Las facciones en el mundo contemporáneo “no son más que la expresión de conflictos personales, de un comportamiento que valora el yo y desprecia al público. Como decía Burke, el combate entre facciones no representa más que una lucha mezquina e interesada por obtener puestos y emolumentos”. (Sartori,1992) Antes de las elecciones del 12 de marzo muchos grupos facciosos que ya se habían salido de los llamados “partidos históricos”, pero básicamente del partido Liberal, negociaron en unos casos, con el ejecutivo puestos y emolumentos, y en otros casos, se agruparon en facciones valorando el yo de sus aspiraciones presidenciales para el 2010.
El caso más patético, fue lo ocurrido con las cinco agrupaciones que apoyan al presidente Uribe, ante la imposibilidad de formar el “partido de Unidad Social Nacional (Partido de la U) antes de las elecciones del 12 de marzo, por el juego de intereses personales en pugna; estas agrupaciones seguramente con el aval del presidente-candidato, ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo, resolvieron como parte de una bien calculada estrategia electoral inscribirse como “partidos”- además la ley se los permitía- llevando a cabo una verdadera operación avispa, que les dio excelentes resultados y de paso incidieron en el resultado de la consulta liberal, potenciando candidatos distintos a Horacio Serpa, para que este no obtuviera la mayoría absoluta, buscando con ello su deslegitimación política con miras a la primera vuelta de la elección presidencial. Basta simplemente con tomar en cuenta los datos suministrados por la Regístraduria Nacional escrutado el 64.38% de los votos; sí se compara el total el total de votos obtenidos por el partido liberal 1.243.665, contra los votos emitidos en la consulta liberal 1.710.148, resultan más votos por la consulta liberal que por el partido; hubo incluso en el Valle del Cauca, mesas de votación donde ganó el partido conservador ó el llamado partido de la U, sin embargo, en ellas el candidato de la consulta liberal Rafael Pardo le ganó al candidato Horacio Serpa.
Sin partidos y sin un sistema de partidos ninguna democracia del mundo puede funcionar, los partidos son necesarios para la democracia, las facciones no, estas simplemente existen y por eso hay que combatirlas, porque defienden intereses personales y desprecian lo público. Los genuinos partidos políticos en un sistema político democrático, a diferencia de las facciones, están hechos y tienen razón de existir, para que cumplan con el papel de ejercer la representación – aunque esta no es su más importante función- los partidos ante todo deben existir para que sean instrumentos de expresión, de canalización y de comunicación de las demandas y necesidades de la población.
Más que conclusiones, algunas hipótesis se pueden dejar planteadas en relación con las elecciones realizadas el 12 de marzo. La campaña para las elecciones parlamentarias fue pobre en ideas, en propuestas, los partidos y los movimientos no se comportaron como tales, los candidatos dentro de una misma lista practicaron el canibalismo político, lo importante parecía ser obtener la curul a toda costa, independientemente de la suerte del partido o del movimiento, los candidatos no expresaban ni se identificaban con las tesis programáticas de su partido y mucho menos se interesaron por interpretar las necesidades e intereses de los electores. El ejemplo más interesante tiene que ver con la siguiente situación, en la Cámara hay partidos o movimientos que no lograron el umbral y por esa razón, no tendrán personería jurídica; sin embargo, sus candidatos curiosamente obtuvieron la curul respectiva.
En una democracia fuerte caracterizada por el desarrollo de una cultura política, el voto preferente puede ser un instrumento electoral valioso para que los electores reconozcan o premien los méritos de un candidato; pero en una democracia formal como la colombiana, que no existe como realidad conceptual y práctica, en el sentido estricto del término; además, mediada por el clientelismo y la corrupción, el voto preferente es un instrumento que en la práctica se convirtió en un mecanismo muy bien utilizado por los barones electorales, basta sólo mirar los resultados por regiones para comprobar esta realidad.
El fenómeno político de mayor trascendencia en las pasadas elecciones parlamentarias, estuvo marcado por una elevada abstención, la cual estuvo alrededor del 65%, del potencial de votantes que estaba constituido por 26´593.271 personas aptas para votar (incluyendo residentes en el exterior). Si bien se eligieron miembros de Senado y Cámara, la legitimidad de este evento electoral ha quedado seriamente en cuestión.
Finalmente, se debe destacar que en las pasadas elecciones legislativas, se produjo otro hecho político de gran significación para el futuro del país, la desinstitucionalización del régimen político bipartidista colombiano y su sustitución por la adhesión de las mayorías en torno a la figura política de Alvaro Uribe, lo cual significa la personalización de la política, todo mesianismo como es lógico termina en personalismo y éste necesariamente conlleva al caudillismo, con diversos grados de autoritarismo, paternalismo y populismo.
2. La negociación con las autodefensas y la ley de justicia y paz.
Colombia vive un conflicto armado interno hace casi cincuenta años, el mismo presidente Uribe después de negar de manera sistemática su existencia, ha tenido finalmente que reconocerlo, como una condición para poder iniciar un proceso de acercamiento con el ELN.
Los paramilitares aunque declararon una tregua unilateral y concentraron sus altos mandos en la población de Ralito, continuaron actuando en contra de la población civil en todo el país, violando de manera flagrante la tregua; ante esta situación el consejero de paz y el gobierno guardaron un prudente silencio, situación que contrasta abiertamente con la radical posición cuando hace cuatro años en su condición de candidato Alvaro Uribe a la presidencia, denunció las violaciones en el llamado proceso de “negociación del Caguán”. El informe de verificación de la OEA así lo constató cuando afirmó: hay “conejo” en desmovilizaciones. Un grupo entre 60 y 80 antiguos hombres de “Don Berna se quedo en la parte norte de la represa de Urrá en Tierra Alta (Córdoba), y hoy sigue manejando los cultivos ilícitos y la comercialización de la base de coca en la región.
Ya no usan camuflados, pero mantienen el control sobre la población civil de la zona. Y hasta realizaron un empadronamiento para imponer cuotas de producción de coca. El caso del Bloque Héroes del Tolová fue reportado en el último informe de la Misión de Verificación de la OEA que fue entregado ayer en Washington y refleja una situación que poco se conocía; la existencia de pequeños reductos de los grupos “paras” supuestamente desarticulados. Ellos según los verificadores “hacían parte orgánica de las estructuras armadas de los bloques desmovilizados y siguen desarrollando las mismas actividades delictivas en sus zonas de influencia”. Es una historia que se repite en Puerto Gaitán (Meta) con un grupo del Bloque Central Bolívar que no se entregó con los paras de Vichada; y en Sucre y Bolívar con dos bandas que quedaron activas a pesar de la desmovilización de 594 integrantes del “Héroes de los Montes de Maria (EL TIEMPO, marzo 2 de 2006).
Mientras se tramitaba la ley en el Congreso los paramilitares iban gradualmente desmovilizando sus frentes, hasta que el consejero de paz informo al país de manera oficial, que se habían desmovilizado aproximadamente 27.300 paramilitares, los cuales devolvieron menos de 14.000 armas. Sin embargo, no todas las estructuras paramilitares han sido desmontadas, como lo reconoció el mismo consejero de paz; en algunas regiones del país continúan operando y es evidente que los que se han desmovilizado han reservado parte de su armamento y mantienen intactas sus estructuras económicas y políticas en la práctica, lo que les permite a través de sus redes garantizar el control territorial, participando directa ó indirectamente en la política electoral, sus mismos comandantes afirmaron abiertamente que en la composición del Congreso que está terminando su período, tenían un 35% de sus miembros.
La ley de justicia y paz que promovió el gobierno, fue el resultado de un proceso de negociación que se inició con las organizaciones paramilitares, a partir del llamado “acuerdo de Santa fe de Ralito”; sin embargo, la mencionada Ley de Justicia y Paz en lugar de concertarse como un gran acuerdo nacional, con todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso y en un debate abierto con la sociedad y sobre todo con las víctimas, quienes han sufrido en carne propia el desplazamiento forzado, (3´500.000 según cifras de la Iglesia y Codhes, en el período 1985- 2006); fue votada e impuesta por la mayoría parlamentaria, haciendo caso omiso de los innumerables cuestionamientos que diversos sectores de la sociedad nacional, como de la comunidad internacional, formularon sobre los proyectos presentados por el gobierno. Una vez aprobada la mencionada ley diversos sectores de opinión la cuestionaron enfáticamente, porque garantizaba un manto de impunidad, sacrificando al mismo tiempo la verdad, tan importante como memoria histórica en todo proceso reconciliación; además, fue criticada por negar abiertamente el pleno derecho a la reparación por parte de las víctimas. Verdad, justicia y reparación reclaman las víctimas a sus victimarios.
El reciente fallo de la Corte Constitucional ha disparado todas las alarmas, no sólo por parte del gobierno, sino también de los mismos comandantes paramilitares. El histórico fallo de la Corte, ha desatado todo tipo de polémica por el alcance que pueda tener sobre la Ley de Justicia y Paz; independientemente del alcance que pueda tener en el actual proceso de negociación con los paramilitares ó en los procesos de negociación futuros, el fallo demuestra claramente que el Congreso desconoció abiertamente el derecho internacional y que si existían vicios de inconstitucionalidad en dicha Ley, en ese sentido la Corte concede la razón en parte a los críticos de la mencionada Ley. La Corte respaldo la Ley de Justicia y Paz, pero dejó sin piso jurídico 11 expresiones y tres artículos con el propósito de preservar los pilares básicos de la ley: verdad, justicia y reparación, así lo confirmó el presidente de la corporación Jaime Córdoba Triviño. (EL ESPECTADOR , 21 AL 27 DE MAYO DE 2006)
3. Presiones de paramilitares y guerrilleros en las elecciones
Como ha venido sucediendo en todas las jornadas electorales realizadas en los últimos años, las fuerzas irregulares armadas han venido incidiendo en su desarrollo, tratando en unos casos de boicotearlas, en otros casos, utilizando su capacidad militar para obligar a la población a votar por determinados candidatos; las elecciones parlamentarias del 12 de marzo no podían ser la excepción, en efecto la fuerzas guerrilleras y paramilitares con distintos motivos mantienen su accionar en diversas regiones del país. Las FARC- EP después de un repliegue táctico, producido por la ofensiva lanzada por las fuerzas militares con el llamado “plan patriota”, orientado a copar el sur del país, donde se encuentra el estado mayor de esta organización guerrillera, iniciaron el 17 de diciembre de 2005 una campaña militar en 12 departamentos del país, la cual tiene como objetivo colocar en entredicho la política de seguridad democrática del gobierno y boicotear al mismo tiempo las elecciones en las regiones en donde ejercen el control territorial.
En ese sentido han realizado “amenazas, chantajes y acciones de violencia contra los transportadores en doce departamentos del país, así como atentados contra la infraestructura petrolera, vial y eléctrica en diversas regiones, buscan además atomizar la reacción de la fuerza pública, desconcentrar su presencia en los frentes principales del denominado “plan patriota” y tratar de desprestigiar la política de de seguridad democrática del presidente Uribe Vélez”.(El Espectador, 5 al 11 de marzo de 2006). Es evidente que aún cuando las fuerzas militares han logrado recuperar el control de las principales carreteras nacionales, las FARC mantienen su estructura intacta y tienen capacidad para pasar del repliegue táctico a la ofensiva militar; si estuvieran efectivamente derrotadas no tendrían capacidad para producir los golpes militares, que han realizado antes de las elecciones parlamentarias y de la elección en la primera vuelta presidencial. Las FARC han llevado a cabo paros armados en cinco departamentos y diversas acciones en los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo y Risaralda.
Según la Corporación Nuevo Arco Iris, los paramilitares intimidan en más de 100 municipios los cuales están en grave riesgo de alteración de las elecciones, que corresponden a 11 departamentos: Antioquia, Atlántico, Bolívar Cauca, Cesar, Córdoba, Magdalena, Meta, Norte de Santander y Sucre. “Unos porque se pueden volver a presentar las presiones abiertas o encubiertas que los paramilitares realizaron en las elecciones del 2002 y el 2003 y que les dieron una importante cuota de representación en el Congreso y una escandalosa captura del poder local, como lo han demostrado investigaciones realizadas publicadas recientemente…Es la presión para comprometer el voto en el norte y el oriente del país.
Otros por la campaña de terror que han lanzado las FARC en las últimas semanas. Asesinatos masivos de líderes políticos, como ocurrió en Rivera (Huila). Paro armado en cinco departamentos. Múltiples acciones orientadas a impedir que los electores acudan a las urnas. Es el sabotaje electoral en el sur y el occidente. La desmovilización y el desarme de las estructuras de la AUC no han conjurado el peligro de alteración de los resultados electorales en las zonas de predominio paramilitar, porque ya se sabe que esta desmovilización es parcial en muchos sitios y también porque se van a presentar los mismos dirigentes que fueron elegidos en los comicios anteriores mediante presiones. Sólo cambiaron de grupo”. (EL TIEMPO, marzo 5 de 2006) Es evidente que los paramilitares desmovilizados y ahora reinsertados mantienen sus estructuras económicas y políticas inalterables a la vez que mantienen sus retaguardias armadas en muchas regiones del país, lo que les confiere un gran poder para intervenir de manera abierta ó encubierta en la política electoral. Esta nueva realidad puede tener incalculables consecuencias negativas para el futuro del país, pues en cierta forma, estamos transitando hacía la institucionalización de la privatización armada de la política electoral; el país casi sin darse cuenta y sin tener mayor conciencia de lo que esto significa, está cayendo en la defensa institucional de la privatización armada de la política electoral .
Una mirada a la elección de la primera vuelta presidencial
Una mirada a la campaña presidencial en su primera vuelta, permite destacar un fenómeno inédito que se ha venido produciendo en los últimos días, es evidente una creciente polarización de la opinión nacional, mientras una franja se expresa a favor de la reelección del presidente Uribe, otra franja lo hace en contra de la reelección; en este contexto se ha venido fortaleciendo en los últimos días la candidatura presidencial de Carlos Gaviria por el Polo Democrático Alternativo. Aunque las últimas encuestas vaticinan el triunfo del presidente Uribe en la primera vuelta, todo parece indicar que si habrá segunda vuelta y que la verdadera encuesta se sellará en las urnas el próximo 28 de mayo.
Por los lados de la campaña del presidente Uribe, existe cierto grado de desasosiego y preocupación por la movilización nacional que ha logrado despertar el candidato Carlos Gaviria, incluso en un sector importante de abstencionistas. Sin duda alguna el candidato presidente ha cometido errores, como fue el no presentarse a los debates con sus demás adversarios políticos. La democracia sin pluralismo no puede funcionar ni consolidarse, es necesario que se confronten ideas, tesis y programas, para que los electores puedan escoger libremente por cual candidato se inclina. Pero la personalización de la política que ha hecho el candidato presidente Uribe, al negarse sistemáticamente a confrontar sus tesis como también sus realizaciones en el gobierno puede resultarle muy caro en términos de resultados; su aspiración de ganar en la primera vuelta con una votación abrumadora, como lo deseó también en el referendo esta hoy en cuestión. Amanecerá y veremos!
Una de las lecciones que hay que aprender de las últimas elecciones es que hay que aprender a hacer política simbólica, pero no para sujetar e imponer el autoritarismo, sino para redimir y crear condiciones para que los individuos se conviertan en sujetos políticos de su propia liberación.
Los académicos cuando generamos conocimiento ni transformamos ni mantenemos la realidad, pero cuando aportamos conocimientos para quienes son sujetos sociales y políticos esperamos que lo apliquen de manera creadora. Los académicos cuando se comprometen en la vida cotidiana y en las prácticas diarias como ciudadanos, están contribuyendo a los procesos de transformación social.
* profesor titular de la Universidad del Valle, Maestría en Ciencia Política, miembro de ECOPAIS, http://ecopais-atisbos.blogspot.com/ , y de REDUNIPAZ, Red de universidades por la paz y la convivencia.
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ATISBOS ANALÍTICOS No. 66
Colombia: ¿Elecciones democráticas ó privatización
armada de la política electoral?
Por Víctor Mario Estrada Ospina,* viestrad@univalle.edu.co,
Colombia ha iniciado el año 2006, en medio de una agitada campaña electoral orientada a garantizar la elección de nuevos miembros al parlamento, así como también, a la realización de la primera vuelta presidencial que se llevará a cabo el 28 de mayo próximo. En un ambiente de exaltación que tuvo como antecedente la larga deliberación de la Corte Constitucional sobre la propuesta de la reelección presidencial, los seguidores del presidente Uribe, recurrieron antes de que dicho fallo se produjera, a utilizar todo tipo de recursos utilizando de manera indebida los medios de comunicación privados, no sólo para presionar a la Corte sino también al mismo tiempo a los potenciales electores, con la idea por cierto mesiánica que ha caracterizado a este gobierno: ¿sino es Uribe!? ¿Entonces quién? ¡Tendrá que ser Uribe por todos los medios!
Producido el histórico fallo de lesa juridicidad en que incurrió la Corte Constitucional al aprobar la reelección de Alvaro Uribe Vélez, también entró en colisión con el Congreso al colegislar de hecho de manera indebida en la llamada ley de garantías electorales. Producida la trascendental decisión está terminó por dejar completamente tranquilos y satisfechos a los seguidores uribistas, que en los días anteriores en medio de la incertidumbre por el fallo, habían llevado a cabo todo tipo de desafiantes e indebidas presiones. En esas condiciones las elecciones del 12 de marzo, estuvieron mediadas por el hecho político de la reelección y por la personalización de la política en torno a la figura de Alvaro Uribe Velez; en los últimos quince días el candidato-presidente, violando la ley de garantías electorales, mediante un bombardeo televisivo - sin precedentes en la historia reciente del país- a través de los medios privados de comunicación, tomó partido por los distintos candidatos de las agrupaciones que lo apoyan, jugando un importante papel en la elección del nuevo parlamento.
La actual campaña electoral se diferencia a todas luces de la anterior contienda electoral realizada hace cuatro años, ya que son muchos los elementos del contexto interno y externo que han variado considerablemente. Sin embargo, es de resaltar que todos los colombianos asistieron en la pasada campaña casi que sorprendidos, al inicio de una nueva manera de hacer política a través de los medios privados de comunicación; el entonces precandidato Alvaro Uribe Vélez, con un bajo índice de popularidad en la encuestas disparó sus baterías en contra de los llamados “diálogos de negociación del Caguán”, logrando cohesionar y agrupar no sólo a las élites de la aristocracia en el poder, sino también a las empresas electorales enquistadas en los dos llamados “partidos históricos”.
De esta manera logró transformar rápidamente los diez millones de votos del “mandato por la paz” entregado a Pastrana, por un importante sector de la población colombiana; esta realidad fue rápidamente transformada en un apoyo mayoritario a favor de una bien calculada estrategia de seguridad democrática y por supuesto a favor de la guerra, con su muy conocido eslogan: “mano firme corazón grande”. Hay que reconocer que su carrera fue meteórica y en muy corto tiempo ayudado principalmente por el papel de los medios de comunicación privados y de las encuestas virtualmente manipuladas y en un contexto de aguda crisis del mal llamado “proceso de negociación del Cagúan”, finalmente, se impuso de manera contundente en la primera vuelta presidencial, contribuyendo con este nuevo hecho político a agudizar la crisis que venía padeciendo el bipartidismo tradicional en Colombia.
Esta fue talvez, la primera lección ejemplarizante que la política en Colombia había sido sustraída hábilmente del ámbito público, si en algún momento lo ha sido, para sustituirla por una nueva estrategia electoral y publicitaria que la reduce al espacio privatizado de hacer política. En esas condiciones y siguiendo la tendencia inaugurada en la pasada campaña, la actual contienda electoral se ha caracterizado por el influyente papel de los medios privados de comunicación, los cuales han orientado sus esfuerzos a crear la opinión virtual a favor de la reelección del presidente Uribe y la elección de sus seguidores ahora agrupados en varias pequeños grupos ó mejor facciones.
Por esa razón, esos mismos medios que durante todo su mandato continuaron publicando de manera sistemática manipuladas encuestas orientadas a mantener un elevado apoyo a la gestión presidencial, la cual se mantuvo invariablemente a lo largo del cuatrenio con un apoyo de más del 70%; ahora, resulta sorprendente por decir lo menos, que contando el presidente con un supuesto gran apoyo a su gestión, resulte de un momento a otro rajado por las propias encuestas. La reciente encuesta realizada y publicada por la Universidad de los Andes- Indepaz (enero de 2006), muestra paradójicamente que el gobierno de Uribe ha sido un gobierno pobre en materia de realizaciones; los resultados evidencian que el gobierno es rajado en los siguientes temas: esfuerzos por combatir la pobreza; estrategia contra el desempleo, rechazo de la politiquería; protección y promoción de los principios democráticos; lucha contra la corrupción; sanciones a los culpables por violar los derechos humanos; esfuerzos por lograr un acuerdo humanitario; labor para proteger los derechos humanos; preocupación por aplicar la constitución; finalmente, sólo aprueban con un tres raspado en los siguientes temas: acuerdos hacía la paz; políticas de seguridad y lucha contra el narcotráfico.
Desde el punto de vista de la lógica del análisis político no es posible explicar éste desfase entre las limitadas realizaciones del gobierno y la imagen de favorabilidad del presidente. Lo lógico sería sí se raja al gobierno en materia de gestión, que se castigara al presidente-candidato con un nivel de favorabilidad que guardara relación con los resultados negativos, pero esto no ocurre de una manera clara. ¿Cómo explicar éste desfase? La posible explicación no se puede dar desde el ámbito de la política, sino desde el ámbito de la comunicación, porque el presidente Uribe ha hecho del acto de gobernar una emoción televisada, logrando penetrar simbólicamente en lo más íntimo de la subjetividad de los ciudadanos y ciudadanas de un importante sector de la población colombiana, la cual lo ve y lo siente ideológicamente como una especie de mesias- redentor, y ésta realidad virtual, ha sido utilizada hábilmente desde el punto de vista ideológico por el candidato- presidente y todos sus seguidores.
Sin embargo, todos esos mismos medios privados con sus ideólogos y columnistas oficiales de turno, callaron cuando la encuesta de El Tiempo mostraba que mientras en diciembre de 2005, la intención de voto por el presidente Uribe era del 65.2%; descendió significativamente en febrero del 2006, en la intención de voto al 48.6%, dicha encuesta fue publicada en marzo 5 de 2006. Ahora que ha comenzado a desplomarse en las encuestas todos esos mismos medios callan y guardan prudente silencio, seguramente continuarán haciéndolo mediante la publicación de encuestas calculadas, ésta es la mejor evidencia que están en juego múltiples estrategias electorales y complejos cálculos políticos y estrategias publicitarias; sí bien la encuesta en el análisis político electoral constituye un instrumento que puede mostrar una tendencia con un margen de error posible, sí ésta es bien realizada con todos los requerimientos metodológicos y técnicos, también es cierto, que mal utilizada en el juego electoral se convierte en un poderoso instrumento ideológico, con el cual se puede mentir estadísticamente hablando, para influenciar y manipular la intención de voto de los potenciales electores. ¡En eso consiste el poder mediático de nuestro tiempo!
La privatización de la política constituye sin lugar a dudas una tendencia mundial, no es entonces, un fenómeno exclusivamente doméstico, la privatización de la política se ha venido construyendo con el establecimiento de un orden mundial globalizado, que termina como es obvio sacralizando el mercado ó mejor que reduce y empobrece la política a la democracia de mercado, descontextualizando y potenciando la pérdida de sentido de la política y de lo político. En esta dimensión como afirma (Ramoneda, 2000), “toda negación de la autonomía al espacio político es la negación de la política, el secuestro de la palabra a través de la cual el sujeto expresa su soberanía”.
Sin embargo, lo más grave en la época contemporánea es y será siempre que la privatización de la política como negación del espacio político, se expresa en que el lenguaje de la política se caracteriza por el uso de un lenguaje eufemista; por esa razón, “el lugar usual de expresión del político son los medios de comunicación mucho más que el parlamento, donde por otra parte el político se expresa siempre pensando en los medios. El lenguaje eufémico se traslada con suma facilidad a la prensa. Las palabras se repiten como gadgets, según las modas ideológicas, sin que nadie se pregunte de verdad sobre lo que quieren decir. La construcción del eufemismo es una tarea conjunta de políticos, ideólogos y periodistas. Pocas veces la prensa hace la tarea crítica de desmenuzar las palabras que componen el diccionario de la correción política. Es parte, Y, por tanto, cómplice de la construcción de éste espacio de la confusión calculada…El referente de toda comunicación ya no es la realidad sino la propia comunicación”. (Ramoneda, 2000, p. 218)
El contexto internacional
Sin duda alguna las elecciones para el parlamento realizadas y la próxima justa electoral a la presidencia de la república, se llevarán a cabo en nuevo contexto, tanto desde el punto de vista interno como en el plano externo. En el plano internacional el gobierno colombiano ha mantenido desde el comienzo una posición de irrestricta adhesión al gobierno norteamericano, lo que le ha permitido no sólo asegurar la financiación del llamado plan Colombia, hoy “plan patriota”, garantizando a su vez una cada vez más creciente presencia de asesores militares norteamericanos en el desarrollo de la guerra que se libra en Colombia. En ese sentido la política del gobierno colombiano no sólo le ha generado agudas confrontaciones con los países fronterizos como ha ocurrido con Venezuela y con Ecuador más recientemente; sino también, con el resto de países de América Latina, como lo fue en el sonado caso del apoyo que prestó a la guerra de Irak, postura en la cual Colombia se quedó prácticamente sola. En este contexto el panorama se volverá cada vez más complejo y el aislamiento que experimentará el país, será cada vez mayor como consecuencia de los procesos de integración que se vienen impulsando a nivel suramericano.
Un nuevo fenómeno se viene produciendo en América Latina al impulsar procesos de integración como el Mercosur y el Alba, que de alguna manera intentan enfrentar al ALCA y los tratados de libre comercio (TLC), que Estados Unidos viene impulsando con algunos países centroamericanos y andinos. Sin embargo, el gobierno colombiano ha preferido cerrar la “negociación” del tratado de libre comercio con los Estados Unidos declarando que lo firmará, defendiendo de manera obstinada la tesis que éste tratado le trae ventajas competitivas a Colombia y que por lo tanto favorece el interés nacional. Es cierto que el tratado favorece la producción de algunos sectores industriales (léase transnacionales), no de todos los sectores; sin embargo, lo mismo no sucederá con los pequeños y medianos industriales y con el sector agrícola el cual será el sector más perjudicado; el balance establecido por algunos gremios agropecuarios es contundente, las concesiones otorgadas por Colombia en el marco del TLC son mayores que las obtenidas por el país. Mientras Colombia otorgó a Estados Unidos entrada libre para 1,2 millones de toneladas de trigo, 2,0 millones de toneladas de maíz, 900.000 toneladas de torta de soya y fríjol soya y 200.000 toneladas de cebada, apenas obtuvo ingreso para 4.000 toneladas de tabaco y para 150.000 toneladas de azúcar; tampoco los cronogramas de desgravación resultan promisorios (El TIEMPO, Marzo 5 de 2006). Seremos pues obligados a reconvertir los producción agrícola y avícola en un país donde el maíz y el fríjol crecen silvestres; en esta materia Estados Unidos impuso finalmente sus condiciones, lo cual es coherente con su política de protección a la producción agrícola. En términos generales el TLC firmado por Colombia está en contra de los intereses nacionales y lesiona nuestra soberanía; en el corto plazo significará un aumento del desempleo, la desigualdad y la pobreza (se perderán 1.800.000 empleos); además, queda amenazada seriamente la salud, la seguridad y la soberanía alimentaria de la población colombiana. Finalmente, la firma de los tratados de libre comercio por el Perú y Colombia, constituye una amenaza para la integración de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), así lo ha hecho manifiesto Venezuela y Bolivia. Por lo tanto es de esperarse que se acrecentaran las tensiones políticas entre los diferentes países, con lo cual resultara erosionada la integración andina y perjudicada seriamente Colombia, ya que Venezuela constituye su segundo socio comercial.
En el campo político las distintas elecciones que se han venido produciendo recientemente en diversos países del área han significado la llegada al gobierno de disímiles fuerzas políticas de inspiración socialdemócrata ó de izquierda, producto de las derrotas que han sufrido las fuerzas políticas que representan posiciones de centro ó extrema derecha, defensoras abiertas y a ultranza del neoliberalismo, tan de moda ahora. Estos nuevos vientos que recorren a América Latina constituye sin lugar a dudas una reacción a la creciente pobreza, exclusión y desigualdad, generada por el modelo neoliberal que se ha venido imponiendo, producto del neocolonialismo que practican la miopes y retardatarias élites Latinoamericanas, las cuales se han dedicado a aplicar las orientaciones y las recetas suministradas por el Fondo Monetario Internacional; recetas que por supuesto no logran descifrar, ni interpretar la compleja realidad Latinoaméricana, por la sencilla razón, que esta es una teoría y una propuesta política pensada para resolver los problemas y dificultades propias de las economías desarrolladas y no de la economías subdesarrolladas del Sur como se les denomina ahora.
Es cierto que nuevos vientos políticos recorren esta diversa América Latina, sin embargo, Colombia continua siendo un país atípico; era de esperarse como efectivamente ocurrió, que las elecciones parlamentarias no traerían un cambio político fundamental en la composición de las fuerzas políticas presentes en el Senado y la Cámara de representantes. El Uribismo ya antes de las elecciones del 12 de marzo tenía una mayoría integrada por 74 senadores, producto de las transaciones burocráticas realizadas por el ejecutivo; además, de las embajadas y cargos diplomáticos entregados a familiares de muchos congresistas a cambio de su adhesión al gobierno. Aunque el presidente Uribe en su primera campaña presidencial prometió luchar contra el clientelismo y la corrupción terminó devorado y atrapado por ellas. Las elecciones realizadas recientemente han confirmado la consolidación de un gobierno de derecha y esa mayoría quedó representada en el próximo Congreso con 61 senadores, la cual puede convertirse en 70, si entran en esa coalición como seguramente ocurrirá los 7 senadores de Convergencia Ciudadana y los 2 senadores de Colombia Viva; la oposición ha quedado reducida a 30 senadores, constituida por el partido Liberal, el Polo Democrático Alternativo y el movimiento MIRA. En la Cámara aunque la diferencia no es tan holgada como en el Senado, de todas maneras, esta nueva composición política le permitirá al gobierno de Uribe si es reelecto contar con una amplia mayoría.
Contexto interno y elecciones en Colombia
Desde el punto de vista interno se debe señalar que desde que se comenzó a impulsar el proceso de apertura de la economía con Cesar Gaviria, los diversos gobiernos no han podido ó no han querido formular un modelo de desarrollo, que permita fomentar y potenciar las actividades económicamente productivas, para enfrentar el fenómeno creciente de desempleo, el cual registra en los últimos años una de las tazas más altas del mundo. El modelo que se ha instaurado en la práctica es un modelo recesivo con ajuste fiscal, del cual ha salido favorecido fundamentalmente el sector financiero; descargando todo el peso de la crisis de la economía sobre los trabajadores, mediante el recorte de las pensiones, desregulación y flexibilización laboral y el impuesto a las pensiones de jubilación, agenciando de esta manera el gobierno en la práctica, una política de redistribución de la pobreza. Ha impuesto además, reformas tributarias que han afectado los ingresos de quienes derivan rentas de trabajo, favoreciendo abiertamente a quienes derivan rentas de capital.
Estas elecciones sin duda alguna se realizan en un nuevo contexto caracterizado por nuevas realidades:
1. La reforma política y la ley de bancadas.
La reforma política apunta fundamentalmente a introducir cambios en el modelo electoral y en la ley de bancadas de los partidos. En cuanto a los principales cambios en el sistema electoral, se introdujo la lista única, el umbral, la cifra repartidora, lista cerrada, lista abierta y voto preferente; de otro lado la llamada ley de bancadas obliga a tener un comportamiento como partido y tiene como novedad el que se debe nombrar un vocero de cada bancada para eliminar las decisiones solitarias de los congresistas sobre lo grandes temas que deben discutirse en el próximo Congreso que se instalará el 20 de julio, las cuales girarán en torno a: el tratado de libre comercio; una reforma tributaria estructural; la reelección de alcaldes y gobernadores; la extradición; la reforma a la justicia; la reforma al estatuto de contratación; los derechos civiles para homosexuales y la ley de tierras. No obstante, la mencionada ley deja la ventana abierta para que los nuevos congresistas por razones éticas ó de interés regional voten a “conciencia” y no tengan un comportamiento político como bancadas; la mencionada ley 974 de 2005, deja finalmente a criterio de los partidos la reglamentación de éste aspecto en sus estatutos.
Aunque realmente es muy temprano, para evaluar los resultados y ante todo los efectos de la reforma política en las pasadas elecciones realizadas el 12 de marzo, lo cual es bastante difícil evaluarlo en el corto plazo. Su verdadero alcance tan sólo se puede examinar en el mediano y largo plazo, sin embargo, en el mismo proceso de escrutinio se armó un gran debate, en el que coincidieron tanto agrupaciones que resultaron derrotadas, como sectores triunfadores en la pasada contienda electoral; se dijo que faltó pedagogía en el manejo del nuevo tarjetón para que los electores lo usaran correctamente, que los electores se confundieron entre el voto en lista cerrada y el voto preferente, esta situación se ilustra tomando como base el elevado número de votos nulos, según estimativos esta cifra podría haber llegado a los tres millones de votos, siendo la alternativa más votada frente a la votación obtenida por los diferentes partidos; además, de un elevado número de votos en blanco y tarjetones sin marcar. El caso particular más llamativo lo constituyó la situación presentada con la circunscripción especial indígena para Senado, ya que las elecciones se tienen que repetir porque los votos en blanco superaron el 50% de los sufragios totales.
Todos estos hechos generaron airadas respuestas de los diferentes candidatos en contra del Concejo nacional electoral, sin embargo, el problema fundamental es analizar sí la finalidad de la reforma política logró al menos algunos de los propósitos que buscaba, veamos la situación: de las sesenta organizaciones que existían con personería jurídica antes de las elecciones, veinte se inscribieron para Senado, 6 con lista cerrada y 14 con voto preferente, de los cuales finalmente quedaron representados 16 “partidos” ó movimientos.
En ese se sentido se podría afirmar que se logró un limitado resultado mirado el asunto desde el punto de vista empírico-cuantitativo, al lograr tan sólo agrupar candidatos para superar el umbral, sin embargo, tan sólo se logró reducir en cuatro el número de “partidos” ó movimientos en el caso del Senado; en la Cámara quedaron finalmente representados diez “partidos” y se registró un caso insólito, 16 representantes a la Cámara quedarían como ruedas sueltas, ya que aunque sacaron suficientes votos para ganar su curul, a sus movimientos no les alcanzó para obtener personería jurídica, pues necesitaban al menos el 2 por ciento de los votos válidos de todos los departamentos.
Sin embargo, el análisis más importante que se debe hacer es de tipo cualitativo, desde esta perspectiva la reforma política se preocupó más por agrupar candidatos para superar el umbral, que por pensar el tipo de partidos y el sistema de partidos que debería tener el régimen político colombiano. “Los partidos no se preguntaron que demanda la sociedad. Solo se limitaron a sumar, a agrupar barones electorales, a convertir sus microempresas electorales, en mega empresas electorales, para pasar el umbral”. (Giraldo, EL TIEMPO, 15 de marzo, 2006).
Sí la reforma política lo que busca es la institucionalización y la consolidación de los partidos y de un sistema multipartidista de partidos- lo que no es nada claro en el espíritu de la reforma política- resulta preocupante por decir lo menos, que esta reforma política no distinga entre movimientos y partidos y permita la inscripción de facciones como “partidos” cuando en sentido estricto realmente no lo son. Las facciones en el mundo contemporáneo “no son más que la expresión de conflictos personales, de un comportamiento que valora el yo y desprecia al público. Como decía Burke, el combate entre facciones no representa más que una lucha mezquina e interesada por obtener puestos y emolumentos”. (Sartori,1992) Antes de las elecciones del 12 de marzo muchos grupos facciosos que ya se habían salido de los llamados “partidos históricos”, pero básicamente del partido Liberal, negociaron en unos casos, con el ejecutivo puestos y emolumentos, y en otros casos, se agruparon en facciones valorando el yo de sus aspiraciones presidenciales para el 2010.
El caso más patético, fue lo ocurrido con las cinco agrupaciones que apoyan al presidente Uribe, ante la imposibilidad de formar el “partido de Unidad Social Nacional (Partido de la U) antes de las elecciones del 12 de marzo, por el juego de intereses personales en pugna; estas agrupaciones seguramente con el aval del presidente-candidato, ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo, resolvieron como parte de una bien calculada estrategia electoral inscribirse como “partidos”- además la ley se los permitía- llevando a cabo una verdadera operación avispa, que les dio excelentes resultados y de paso incidieron en el resultado de la consulta liberal, potenciando candidatos distintos a Horacio Serpa, para que este no obtuviera la mayoría absoluta, buscando con ello su deslegitimación política con miras a la primera vuelta de la elección presidencial. Basta simplemente con tomar en cuenta los datos suministrados por la Regístraduria Nacional escrutado el 64.38% de los votos; sí se compara el total el total de votos obtenidos por el partido liberal 1.243.665, contra los votos emitidos en la consulta liberal 1.710.148, resultan más votos por la consulta liberal que por el partido; hubo incluso en el Valle del Cauca, mesas de votación donde ganó el partido conservador ó el llamado partido de la U, sin embargo, en ellas el candidato de la consulta liberal Rafael Pardo le ganó al candidato Horacio Serpa.
Sin partidos y sin un sistema de partidos ninguna democracia del mundo puede funcionar, los partidos son necesarios para la democracia, las facciones no, estas simplemente existen y por eso hay que combatirlas, porque defienden intereses personales y desprecian lo público. Los genuinos partidos políticos en un sistema político democrático, a diferencia de las facciones, están hechos y tienen razón de existir, para que cumplan con el papel de ejercer la representación – aunque esta no es su más importante función- los partidos ante todo deben existir para que sean instrumentos de expresión, de canalización y de comunicación de las demandas y necesidades de la población.
Más que conclusiones, algunas hipótesis se pueden dejar planteadas en relación con las elecciones realizadas el 12 de marzo. La campaña para las elecciones parlamentarias fue pobre en ideas, en propuestas, los partidos y los movimientos no se comportaron como tales, los candidatos dentro de una misma lista practicaron el canibalismo político, lo importante parecía ser obtener la curul a toda costa, independientemente de la suerte del partido o del movimiento, los candidatos no expresaban ni se identificaban con las tesis programáticas de su partido y mucho menos se interesaron por interpretar las necesidades e intereses de los electores. El ejemplo más interesante tiene que ver con la siguiente situación, en la Cámara hay partidos o movimientos que no lograron el umbral y por esa razón, no tendrán personería jurídica; sin embargo, sus candidatos curiosamente obtuvieron la curul respectiva.
En una democracia fuerte caracterizada por el desarrollo de una cultura política, el voto preferente puede ser un instrumento electoral valioso para que los electores reconozcan o premien los méritos de un candidato; pero en una democracia formal como la colombiana, que no existe como realidad conceptual y práctica, en el sentido estricto del término; además, mediada por el clientelismo y la corrupción, el voto preferente es un instrumento que en la práctica se convirtió en un mecanismo muy bien utilizado por los barones electorales, basta sólo mirar los resultados por regiones para comprobar esta realidad.
El fenómeno político de mayor trascendencia en las pasadas elecciones parlamentarias, estuvo marcado por una elevada abstención, la cual estuvo alrededor del 65%, del potencial de votantes que estaba constituido por 26´593.271 personas aptas para votar (incluyendo residentes en el exterior). Si bien se eligieron miembros de Senado y Cámara, la legitimidad de este evento electoral ha quedado seriamente en cuestión.
Finalmente, se debe destacar que en las pasadas elecciones legislativas, se produjo otro hecho político de gran significación para el futuro del país, la desinstitucionalización del régimen político bipartidista colombiano y su sustitución por la adhesión de las mayorías en torno a la figura política de Alvaro Uribe, lo cual significa la personalización de la política, todo mesianismo como es lógico termina en personalismo y éste necesariamente conlleva al caudillismo, con diversos grados de autoritarismo, paternalismo y populismo.
2. La negociación con las autodefensas y la ley de justicia y paz.
Colombia vive un conflicto armado interno hace casi cincuenta años, el mismo presidente Uribe después de negar de manera sistemática su existencia, ha tenido finalmente que reconocerlo, como una condición para poder iniciar un proceso de acercamiento con el ELN.
Los paramilitares aunque declararon una tregua unilateral y concentraron sus altos mandos en la población de Ralito, continuaron actuando en contra de la población civil en todo el país, violando de manera flagrante la tregua; ante esta situación el consejero de paz y el gobierno guardaron un prudente silencio, situación que contrasta abiertamente con la radical posición cuando hace cuatro años en su condición de candidato Alvaro Uribe a la presidencia, denunció las violaciones en el llamado proceso de “negociación del Caguán”. El informe de verificación de la OEA así lo constató cuando afirmó: hay “conejo” en desmovilizaciones. Un grupo entre 60 y 80 antiguos hombres de “Don Berna se quedo en la parte norte de la represa de Urrá en Tierra Alta (Córdoba), y hoy sigue manejando los cultivos ilícitos y la comercialización de la base de coca en la región.
Ya no usan camuflados, pero mantienen el control sobre la población civil de la zona. Y hasta realizaron un empadronamiento para imponer cuotas de producción de coca. El caso del Bloque Héroes del Tolová fue reportado en el último informe de la Misión de Verificación de la OEA que fue entregado ayer en Washington y refleja una situación que poco se conocía; la existencia de pequeños reductos de los grupos “paras” supuestamente desarticulados. Ellos según los verificadores “hacían parte orgánica de las estructuras armadas de los bloques desmovilizados y siguen desarrollando las mismas actividades delictivas en sus zonas de influencia”. Es una historia que se repite en Puerto Gaitán (Meta) con un grupo del Bloque Central Bolívar que no se entregó con los paras de Vichada; y en Sucre y Bolívar con dos bandas que quedaron activas a pesar de la desmovilización de 594 integrantes del “Héroes de los Montes de Maria (EL TIEMPO, marzo 2 de 2006).
Mientras se tramitaba la ley en el Congreso los paramilitares iban gradualmente desmovilizando sus frentes, hasta que el consejero de paz informo al país de manera oficial, que se habían desmovilizado aproximadamente 27.300 paramilitares, los cuales devolvieron menos de 14.000 armas. Sin embargo, no todas las estructuras paramilitares han sido desmontadas, como lo reconoció el mismo consejero de paz; en algunas regiones del país continúan operando y es evidente que los que se han desmovilizado han reservado parte de su armamento y mantienen intactas sus estructuras económicas y políticas en la práctica, lo que les permite a través de sus redes garantizar el control territorial, participando directa ó indirectamente en la política electoral, sus mismos comandantes afirmaron abiertamente que en la composición del Congreso que está terminando su período, tenían un 35% de sus miembros.
La ley de justicia y paz que promovió el gobierno, fue el resultado de un proceso de negociación que se inició con las organizaciones paramilitares, a partir del llamado “acuerdo de Santa fe de Ralito”; sin embargo, la mencionada Ley de Justicia y Paz en lugar de concertarse como un gran acuerdo nacional, con todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso y en un debate abierto con la sociedad y sobre todo con las víctimas, quienes han sufrido en carne propia el desplazamiento forzado, (3´500.000 según cifras de la Iglesia y Codhes, en el período 1985- 2006); fue votada e impuesta por la mayoría parlamentaria, haciendo caso omiso de los innumerables cuestionamientos que diversos sectores de la sociedad nacional, como de la comunidad internacional, formularon sobre los proyectos presentados por el gobierno. Una vez aprobada la mencionada ley diversos sectores de opinión la cuestionaron enfáticamente, porque garantizaba un manto de impunidad, sacrificando al mismo tiempo la verdad, tan importante como memoria histórica en todo proceso reconciliación; además, fue criticada por negar abiertamente el pleno derecho a la reparación por parte de las víctimas. Verdad, justicia y reparación reclaman las víctimas a sus victimarios.
El reciente fallo de la Corte Constitucional ha disparado todas las alarmas, no sólo por parte del gobierno, sino también de los mismos comandantes paramilitares. El histórico fallo de la Corte, ha desatado todo tipo de polémica por el alcance que pueda tener sobre la Ley de Justicia y Paz; independientemente del alcance que pueda tener en el actual proceso de negociación con los paramilitares ó en los procesos de negociación futuros, el fallo demuestra claramente que el Congreso desconoció abiertamente el derecho internacional y que si existían vicios de inconstitucionalidad en dicha Ley, en ese sentido la Corte concede la razón en parte a los críticos de la mencionada Ley. La Corte respaldo la Ley de Justicia y Paz, pero dejó sin piso jurídico 11 expresiones y tres artículos con el propósito de preservar los pilares básicos de la ley: verdad, justicia y reparación, así lo confirmó el presidente de la corporación Jaime Córdoba Triviño. (EL ESPECTADOR , 21 AL 27 DE MAYO DE 2006)
3. Presiones de paramilitares y guerrilleros en las elecciones
Como ha venido sucediendo en todas las jornadas electorales realizadas en los últimos años, las fuerzas irregulares armadas han venido incidiendo en su desarrollo, tratando en unos casos de boicotearlas, en otros casos, utilizando su capacidad militar para obligar a la población a votar por determinados candidatos; las elecciones parlamentarias del 12 de marzo no podían ser la excepción, en efecto la fuerzas guerrilleras y paramilitares con distintos motivos mantienen su accionar en diversas regiones del país. Las FARC- EP después de un repliegue táctico, producido por la ofensiva lanzada por las fuerzas militares con el llamado “plan patriota”, orientado a copar el sur del país, donde se encuentra el estado mayor de esta organización guerrillera, iniciaron el 17 de diciembre de 2005 una campaña militar en 12 departamentos del país, la cual tiene como objetivo colocar en entredicho la política de seguridad democrática del gobierno y boicotear al mismo tiempo las elecciones en las regiones en donde ejercen el control territorial.
En ese sentido han realizado “amenazas, chantajes y acciones de violencia contra los transportadores en doce departamentos del país, así como atentados contra la infraestructura petrolera, vial y eléctrica en diversas regiones, buscan además atomizar la reacción de la fuerza pública, desconcentrar su presencia en los frentes principales del denominado “plan patriota” y tratar de desprestigiar la política de de seguridad democrática del presidente Uribe Vélez”.(El Espectador, 5 al 11 de marzo de 2006). Es evidente que aún cuando las fuerzas militares han logrado recuperar el control de las principales carreteras nacionales, las FARC mantienen su estructura intacta y tienen capacidad para pasar del repliegue táctico a la ofensiva militar; si estuvieran efectivamente derrotadas no tendrían capacidad para producir los golpes militares, que han realizado antes de las elecciones parlamentarias y de la elección en la primera vuelta presidencial. Las FARC han llevado a cabo paros armados en cinco departamentos y diversas acciones en los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo y Risaralda.
Según la Corporación Nuevo Arco Iris, los paramilitares intimidan en más de 100 municipios los cuales están en grave riesgo de alteración de las elecciones, que corresponden a 11 departamentos: Antioquia, Atlántico, Bolívar Cauca, Cesar, Córdoba, Magdalena, Meta, Norte de Santander y Sucre. “Unos porque se pueden volver a presentar las presiones abiertas o encubiertas que los paramilitares realizaron en las elecciones del 2002 y el 2003 y que les dieron una importante cuota de representación en el Congreso y una escandalosa captura del poder local, como lo han demostrado investigaciones realizadas publicadas recientemente…Es la presión para comprometer el voto en el norte y el oriente del país.
Otros por la campaña de terror que han lanzado las FARC en las últimas semanas. Asesinatos masivos de líderes políticos, como ocurrió en Rivera (Huila). Paro armado en cinco departamentos. Múltiples acciones orientadas a impedir que los electores acudan a las urnas. Es el sabotaje electoral en el sur y el occidente. La desmovilización y el desarme de las estructuras de la AUC no han conjurado el peligro de alteración de los resultados electorales en las zonas de predominio paramilitar, porque ya se sabe que esta desmovilización es parcial en muchos sitios y también porque se van a presentar los mismos dirigentes que fueron elegidos en los comicios anteriores mediante presiones. Sólo cambiaron de grupo”. (EL TIEMPO, marzo 5 de 2006) Es evidente que los paramilitares desmovilizados y ahora reinsertados mantienen sus estructuras económicas y políticas inalterables a la vez que mantienen sus retaguardias armadas en muchas regiones del país, lo que les confiere un gran poder para intervenir de manera abierta ó encubierta en la política electoral. Esta nueva realidad puede tener incalculables consecuencias negativas para el futuro del país, pues en cierta forma, estamos transitando hacía la institucionalización de la privatización armada de la política electoral; el país casi sin darse cuenta y sin tener mayor conciencia de lo que esto significa, está cayendo en la defensa institucional de la privatización armada de la política electoral .
Una mirada a la elección de la primera vuelta presidencial
Una mirada a la campaña presidencial en su primera vuelta, permite destacar un fenómeno inédito que se ha venido produciendo en los últimos días, es evidente una creciente polarización de la opinión nacional, mientras una franja se expresa a favor de la reelección del presidente Uribe, otra franja lo hace en contra de la reelección; en este contexto se ha venido fortaleciendo en los últimos días la candidatura presidencial de Carlos Gaviria por el Polo Democrático Alternativo. Aunque las últimas encuestas vaticinan el triunfo del presidente Uribe en la primera vuelta, todo parece indicar que si habrá segunda vuelta y que la verdadera encuesta se sellará en las urnas el próximo 28 de mayo.
Por los lados de la campaña del presidente Uribe, existe cierto grado de desasosiego y preocupación por la movilización nacional que ha logrado despertar el candidato Carlos Gaviria, incluso en un sector importante de abstencionistas. Sin duda alguna el candidato presidente ha cometido errores, como fue el no presentarse a los debates con sus demás adversarios políticos. La democracia sin pluralismo no puede funcionar ni consolidarse, es necesario que se confronten ideas, tesis y programas, para que los electores puedan escoger libremente por cual candidato se inclina. Pero la personalización de la política que ha hecho el candidato presidente Uribe, al negarse sistemáticamente a confrontar sus tesis como también sus realizaciones en el gobierno puede resultarle muy caro en términos de resultados; su aspiración de ganar en la primera vuelta con una votación abrumadora, como lo deseó también en el referendo esta hoy en cuestión. Amanecerá y veremos!
Una de las lecciones que hay que aprender de las últimas elecciones es que hay que aprender a hacer política simbólica, pero no para sujetar e imponer el autoritarismo, sino para redimir y crear condiciones para que los individuos se conviertan en sujetos políticos de su propia liberación.
Los académicos cuando generamos conocimiento ni transformamos ni mantenemos la realidad, pero cuando aportamos conocimientos para quienes son sujetos sociales y políticos esperamos que lo apliquen de manera creadora. Los académicos cuando se comprometen en la vida cotidiana y en las prácticas diarias como ciudadanos, están contribuyendo a los procesos de transformación social.
* profesor titular de la Universidad del Valle, Maestría en Ciencia Política, miembro de ECOPAIS, http://ecopais-atisbos.blogspot.com/ , y de REDUNIPAZ, Red de universidades por la paz y la convivencia.
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